El estado de seguridad en el Perú y en diferentes países

              

                        PERÙ

La inseguridad es una de las problemáticas centrales en el Perú. Las encuestas demuestran la necesidad de que la seguridad ciudadana se convierta en una política de Estado,  la necesidad de aumentar la presencia policial y mejorar su equipamiento, profesionalizar la división antiterrorista y de secuestros, y la creación de un fondo de defensa para la mejora de las Fuerzas Armadas.

Desde la asunción del presidente Toledo a la actualidad, la situación no parece haberse modificado sustancialmente, según las cifras oficiales. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), tanto la cantidad como la tasa general de delitos denunciados, y la de homicidios durante los últimos años no muestran cambios significativos.

La tasa general –es decir la cantidad de delitos en función de la población- se encuentra por encima de los 600 cada 100 mil habitantes.
La inseguridad es la segunda cuestión en materia de preocupaciones, detrás del desempleo o la falta de trabajo.
Mas allá de las tasas de delitos, a nivel de diagnóstico no hay un sistema estadístico adecuado para medir la delincuencia, con un observatorio que permita integrar datos de diferentes fuentes –policía, justicia y centros de salud- siendo por ello que en general se manejan las cifras de la Policía Nacional.
El sistema judicial se caracteriza por una gran falta de recursos, en un país que tiene una de las tasas más bajas de jueces de Sudamérica -con 6 cada 100 mil habitantes- por ejemplo prácticamente la mitad que Uruguay, donde el nivel de violencia y la situación en general es sensiblemente diferente y mejor.

El 90% de los encuestados considera probable ser víctima de un delito durante los próximos doce meses, lo que se corrobora con el incremento del nivel de victimización de la población.

El sistema penitenciario está sobrepasado, al igual que el judicial. El país tiene una de las mayores superpoblaciones –del 55%- de la región, junto con Bolivia y Brasil, un alto porcentaje de reincidencia y anualmente 18 mil internos son excarcelados, sin existir una política de reinserción social.

                     COLOMBIA

Al igual que en otras partes de Latinoamérica, los términos de la problemática de seguridad en Colombia han cambiado dramáticamente desde el fin de la guerra fría7 . El ensanchamiento del constructo de la seguridad para incluir individuos y grupos transnacionales o subnacionales más grandes como referentes de seguridad, así como la inclusión de dimensiones no militares de seguridad y amenazas a la misma, y establecer un contexto global para el suministro de seguridad, han ocasionado en una nueva conceptualización que es tan significativa como compleja.

 

 El dilema actual de Colombia parece ejemplificar esta naturaleza multidimensional de la inestabilidad y la inseguridad9 . En primer lugar, como muchos estados del Tercer Mundo, el problema de la seguridad nacional en Colombia es ante todo un problema interno. Bajo el cerco de dos movimientos insurgentes, las FARC de raíces marxistas poco precisas y el ELN inspirado en Cuba y fundado sobre principios de la teoría de la liberación, el Estado colombiano está amenazado por una guerra militar declarada en su territorio y contra sus instituciones.

 

 Al mismo tiempo, la violencia y el comportamiento criminal relacionados con la producción y tráfico ilegal de drogas amenazan con incapacitar las instituciones estatales y la economía legal. Esta "mezcla volátil" de insurgencia armada y narcotráfico plantea un reto directo para el Estado y hace estragos con la estabilidad interna.

                         MEXICO

Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la cia indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección. 

 

En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en 2008, así como por la reaparición trágica de los secuestros de alto impacto, dos de las cuales afectaron profundamente el sentimiento de los mexicanos: el de Fernando Martí, un joven de 14 años secuestrado y asesinado cuyo padre, el empresario Alejandro Martí, creó una organización civil de lucha contra la inseguridad; y el de Silvia Vargas, de 18 años, también secuestrada y asesinada, hija del empresario Nelson Vargas. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas por narco corrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (pgr), la Interpol México y la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), además de los asesinatos de ciudadanos extranjeros para robarles el dinero tras su ingreso al país.

 

 En general, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. El último recurso de un Estado ante una situación de esta gravedad, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica. Se podría afirmar, entonces, que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico.